Por: Gonzalo Fanjul (Blog de El Pais)
En los últimos días se han producido algunos movimientos que permiten vislumbrar el futuro de nuestra política sobre inmigración. Por un lado, el Gobierno ha presentado el borrador del reglamento de la nueva Ley de Extranjería, que será aprobado por el Consejo de Ministros muy pronto. Por otro, el Partido Popular ha concluido este fin de semana su Programa Marco para las próximas elecciones municipales y autonómicas, que incluye un importante capítulo sobre inmigración. En ambos casos el futuro de nuestro régimen migratorio está más influido por la miopía y la demagogia que por el sentido común y la pedagogía pública que necesita este asunto políticamente radioactivo.
El interés de las migraciones internacionales para la lucha contra la pobreza se basa en que el incremento de la movilidad internacional de trabajadores es una de las principales claves del desarrollo, muy por encima de otros asuntos que han acaparado la atención de ONG y organismos internacionales, como el comercio , la ayuda o la condonación de deuda.
El problema es que estos beneficios serían el resultado de un modelo migratorio más abierto y flexible, precisamente lo que buscan evitar el PSOE y el PP con sus propuestas. En realidad, ningún partido está dispuesto a reconocer públicamente lo que resulta evidente para cualquiera que salga de su casa: que los flujos migratorios se rigen por variables económicas y demográficas que escapan al control de los gobiernos, y por lo tanto la insistencia en mantener un modelo cerrado vulnera los derechos de los inmigrantes, minimiza los beneficios para los países de origen y somete a las sociedades de destino a un sistema fuera de control. El dinamismo económico alentó la llegada de irregulares del mismo modo que la rigidez del sistema impide a muchos regresar porque no saben si tendrán otra oportunidad en el futuro. Rajoy acierta cuando denuncia que el sistema no es realista, pero la causa es que las medidas socialistas se parecen demasiado a sus propuestas, y no al contrario.
En este contexto, el 'Contrato de integración' del PP no es más que una necedad electoralista que no aporta absolutamente nada a este debate (salvo los votos que atraiga, claro está). ¿No deben estar los inmigrantes sujetos a los mismos derechos y obligaciones que los españoles? ¿Cómo es posible pedir garantías de integración cuando se aplica a los extranjeros no comunitarios una vara de medir diferente? Estas son algunas de las perlas del nuevo Reglamento denunciadas por las asociaciones de juristas y las ONG más activas en este campo (ver las páginas de Intermigra y de Inmigrapenal):
- Se dificulta enormemente el derecho de reagrupación familiar.
- Se introduce el peligroso concepto de 'esfuerzo de integración', que impone a los inmigrantes exigencias que van más allá de la ley que se aplica a los nacionales (esta es una gentileza de CiU, por lo visto).
- Se somete a las extranjeras sin papeles que denuncien ser víctimas de violencia de género a un expediente de multa o expulsión, aunque después ese procedimiento quede suspendido. (Esta medida podría haber cambiado a propuesta del PP.)
- Se detiene, encarcela y expulsa como consecuencia de una falta administrativa. Se amplía el período de detención en centros de internamiento a 60 días.
- Se dificulta el acceso al padrón municipal castigando la colaboración de nacionales.
Me encantaría empezar este último párrafo recomendando el voto para los partidos que proponen algo diferente, pero eso les obligaría a empadronarse en Marte. Mientras proliferan las redadas a las puertas del Metro y los candidatos compiten por mostrar su firmeza antimigratoria, los escrupulosos votantes españoles contratamos empleadas del hogar sin papeles y aceptamos servicios sin factura de electricistas sospechosamente morenos. Exactamente igual que en Texas, donde la representante republicana Debbie Riddle -azote de inmigrantes ilegales- acaba de proponer que quienes contraten a empleadas del hogar o jardineros sin papeles queden exentos de la ley, no sea que "buena parte de la población de Texas" acabe en la cárcel. Algo similar propuso en su momento Umberto Bossi, esa joya del humanismo moderno.
Es la bipolaridad de un sistema idiota. Pero lo más idiota de todo es pensar que podemos mantener esta mascarada durante mucho más tiempo.
(en el artículo no se menciona al partido Plataforma por Cataluña pero quiero hacer una pequeña mención a este partido de ultraderecha promovido por grupos nazis europeos que impulsa al racismo y a la xenofobia y que no sería de extrañar que si llegará al poder impusiera la pena de muerte tal y como han declarado en alguna ocasión...)
