Artículo de El País
Josep Lluís Cleries nunca fue un defensor de la Ley de Dependencia. En su época de diputado de la oposición fustigó al tripartito, y no le faltaba razón, porque el Gobierno central aprobó la norma sin dotación presupuestaria suficiente. Ahora que lleva un año como consejero de Bienestar Social y Familia, no parece que esa sea una prioridad de su departamento.
Las cifras oficiales revelan que en un año ha aumentado en Cataluña más del 53% la lista de espera para recibir la primera prestación por la Ley de Dependencia. Según los datos del Imserso, el 1 de diciembre de 2010 había 41.255 personas en lista de espera, y en la misma fecha de 2011 eran 63.275; es decir, unas 22.000 más.
Hasta llegar a ese momento, los futuros beneficiarios han de sortear diversas etapas. Primero, obviamente, deben solicitar la prestación. El año pasado se presentaron 106.441 solicitudes, frente a las 78.586 de 2010. El aumento se explica básicamente porque se ampliaron los supuestos en los que se podía pedir la ayuda. Son los llamados dependientes moderados (grado I nivel 2 en la jerga burocrática), el colectivo sobre el que el Gobierno del PP ha dictado una moratoria de un año para beneficiarse de las ayudas. Pero quienes lo pidieron antes del pasado 1 de enero tienen derecho a que se resuelvan sus solicitudes.
A pesar de tener un 35% más de solicitudes que en 2010 (27.855 más en términos absolutos), el Departamento de Bienestar Social y Familia resolvió menos expedientes: 72.087, frente a los 76.154 del año 2010.
Para Bienestar Social, el incremento se explica por el cambio de la ley
Luego viene la segunda fase, la definitiva, que es la de la concesión de la prestación. El Departamento de Bienestar Social y Familia solo otorgó 37.908 prestaciones, mientras que un año antes, con la izquierda en el poder, se concedieron 73.422. O sea, 35.514 ayudas más, casi el doble. Y después de sortear todos esos trámites, falta que los beneficiarios empiecen disfrutar de la ayuda en forma de prestación económica para una cuidadora familiar, el pago de una residencia o centro de día, el servicio de ayuda a domicilio o la teleasistencia.
Las cifras oficiales también son bastante elocuentes. El año pasado se produjo un incremento neto de 10.033 personas con prestación, mientras que en 2010 fue de 40.178. En algunos casos, una misma persona puede tener derecho a más de una prestación y ahí las cifras también vuelven a mostrar una gran diferencia de un año para otro. En 2010 hubo un incremento neto de 53.515 prestaciones, mientras que durante los primeros 11 meses de Cleries en la Generalitat ha sido de 14.821. En resumen: de los 741.713 beneficiarios de la Ley de Dependencia que hay en toda España, 118.890 corresponden a Cataluña. Es decir, están percibiendo la prestación el 65,3% de las personas a las que se les ha reconocido oficialmente ese derecho. Solo cuatro comunidades autónomas (Baleares, la Comunidad Valenciana, Galicia y Canarias) tienen porcentajes inferiores.Son 63.275 personas, mientras que hace dos meses sumaban 41.255.
Un portavoz del Departamento de Bienestar Social restó ayer importancia al aumento de la lista de espera. “Hay que tener en cuenta que han entrado en el bombo más de 30.000 personas nuevas con la ampliación de la ley y que tenemos un plazo de seis meses para resolver”, aseguró. La tramitación administrativa una vez que se ha evaluado la petición se denomina plan individual de atención (PIA) y la realizan los Ayuntamientos. Según la Generalitat, estos son los responsables del aumento de la lista de espera, porque los Consistorios han de asumir una tercera parte del gasto que supone la ayuda a la dependencia y están retrasando la elaboración de los PIA ante la delicada situación económica que atraviesan.
Eva Granados, diputada del PSC en el Parlament, tiene otra explicación muy distinta. “El problema es que CiU no cree en la Ley de Dependencia. No la votó en su día y parece que estaban esperando que llegara el PP al Gobierno para desmantelarla”, explicó. La parlamentaria socialista considera que la paralización en la aplicación de las ayudas a las personas dependientes es igual de grave que los recortes en la sanidad o la enseñanza. “Están desmantelando el Estado de bienestar y no valen excusas de que el Gobierno no paga. Están paralizando de manera encubierta la aplicación de la ley”, dijo.
Todas las prestaciones previstas han disminuido durante el mandato de Cleries, pero el descenso fue especialmente significativo en la ayuda económica para una cuidadora familiar. En 2010 se concedieron 30.775 nuevas ayudas por ese concepto y el año pasado solo 10.944. Otro descenso significativo se produjo en la teleasistencia (de 7.298 a 2.919), así como en el servicio de ayuda a domicilio (5.399 casos, frente a 1.131).
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